Considerando
que la demanda de energía eléctrica se duplica aproximadamente cada 8 años, y
que es uno de los principales motores de desarrollo del país, el retraso o
cancelación de Ralco, puede acarrear graves consecuencias económicas para el país.
Cuando
vivimos una de las recesiones más graves de los últimos tiempos, y de acuerdo
al último catastro elaborado por la Corporación de Desarrollo Tecnológico de
Bienes de Capital, para el período 1999-2003 la inversión privada cayó más de
un 7%, la cancelación de Ralco, aportaría un 2,7% adicional a dicha caída.
El
atraso en la puesta en marcha de una central hidroeléctrica que aportará el 14%
de la energía para cubrir el aumento de demanda hasta el año 2005 es
preocupante. La hidroelectricidad es la forma más barata de producir energía y
su paralización obligará a adelantar la entrada en servicio de las centrales a
gas de ciclo combinado,
Es
así como el atraso o cancelación de la construcción de Ralco dará lugar a un
aumento en los precios de la energía, por su mayor costo relativo y además
debido a que no alcanzará a cubrir la demanda proyectada; el costo para el
usuario de no disponer de energía, en caso de que Ralco no entre en
funcionamiento en el período previsto, asciende a monto de US$ 1 millón.
Consecuencias Sociales
La
paralización de Ralco ya ha cobrado 1.600 cesantes a los más de 600.000 que
tiene el país. Aproximadamente 300 de ellos son pehuenches, que tomaban parte
en las obras. Estas cifras referidas a la VIII Región representan el 2,23% del
total de cesantes y el 10,7% de los cesantes del sector construcción. La
construcción de la Central tenía proyectado para el año próximo, el empleo de
más de 2.500 trabajadores.
Adicionalmente,
si Ralco se desiste de llevar a cabo el proyecto, aquellas familias pehuenches
que lo apoyaron, aceptaron la relocalización y que ya fueron trasladadas,
deberán volver a su localización original y devolver las indemnizaciones ya
obtenidas. Será entonces, este grupo quien interponga los recursos de
protección correspondientes en contra de quienes la detuvieron y presionarían
para que la central se realice.
Consecuencias Políticas
Es
importante consignar que los mayores proyectos de inversión que se han sometido
a Estudio de Impacto Ambiental, han sido objeto de recursos de protección por
parte de grupos ambientalistas que buscan detener su desarrollo y con ello el
del país a cualquier precio. Si el gobierno continuo ajeno a estos problemas y
retarda la aprobación de los permisos, y los proyectos importantes terminan en
demandas judiciales, independiente de su viabilidad ambiental establecida por
la CONAMA, va a ser difícil recuperar nuestra alicaída economía. Cada proyecto
además del tiempo que demora obtener los permisos de la autoridad para
funcionar, se verá obstaculizado por demandas judiciales, algunas de ellas sin
fundamento alguno. Ello desincentivará la inversión tanto extranjera como
nacional, desviando estos recursos a países donde prime el desarrollo y el
bienestar del país más que las presiones de grupos ambientalistas.
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